jueves, 7 de noviembre de 2013

UNA POSIBLE SOLUCION PARA LA CONTINUIDAD DE RTVV

UNA POSIBLE SOLUCION PARA LA CONTINUIDAD DE RTVV


La decisión tomada por el Consell de la Generalitat Valenciana de cerrar RTVV se argumenta en el enorme coste que puede tener la aplicación de la sentencia del TSJCV anulando el ere presentado. Se han dado muchas cifras al respecto, pero no he visto que ni los sindicatos ni los partidos de la oposición presentaran una alternativa cuantificada de viabilidad. En cuanto a las cifras del Consell, cifra el montante de la readmisión de los despedidos hasta el fin de la legislatura (mayo del 2015, esto es, unos 18 meses) en 228 millones de euros.

Antes de proponer una posible solución, o más bien, una propuesta de debate para encontrar una viabilidad a RTVV, debemos de recalcar dos conceptos a no perder de vista:

1.- La RTVV diseñada con la nueva ley, y el contrato programa, era perfectamente viable. Se dotaba de un presupuesto de 74 millones (69 para funcionamiento y 5 para inversiones), cantidad que todos han entendido como razonable para obtener un servicio público imprescindible, más en una comunidad con lengua propia. Con esta aportación, más los ingresos comerciales a generar, se tenía un presupuesto suficiente para el pago de todos los gastos (incluyendo gastos sociales de casi 700 trabajadores, y nueva programación completa), e incluso se obtenía un remanente. Todo pasaba por un control estricto de gastos y una racionalización y optimización de los trabajos, pero a cambio se ofrecía una programación próxima, independiente, de servicio público y en valenciano (programación que no se ha permitido instaurar).

2.- El ere que se planificó y se ejecutó fue un sinsentido; el modelo de televisión del informe Pwc era completamente inviable; no se negoció, se impuso (¿por el propio Consell?); los criterios de no afectación no buscaron la eficacia ni la objetividad, sino el salvar a personas afines; y para terminar, se ejecutó mal. Resultado, los 3 jueces, por unanimidad, lo declararon nulo. La sentencia es clara e inapelable. Toda una chapuza, que va a costar muchos millones de euros a los valencianos, y por la que hay que exigir responsabilidades a los directivos de RTVV que la negociaron y ejecutaron, a las consultoras (Pwc y Garrigues) que la diseñaron, y al mismo Consell de la Generalitat que fue, en última instancia, quien marcó todos los parámetros para el diseño y ejecución.

En el momento actual, el Consell ha decidido no asumir ninguna responsabilidad, echar la culpa de todos los males a los trabajadores y sus representantes legales, y cerrar la televisión pública valenciana, sin entrar en ninguna negociación o consideración. Dice que no hay alternativas pero, ¿realmente es así?.

El siguiente plan cuantificado indica que no, pero todo pasa por una voluntad democrática de negociar, de escuchar a la sociedad valenciana, e intentar implementar soluciones factibles, en un entorno de crisis económica y estrechez presupuestaria que no hay que perder de vista.

Creo que todos (sindicatos, trabajadores, políticos y sociedad valenciana en general) tenemos claro que una RTVV sobredimensionada es completamente inviable. Por lo que toda solución debe pasar por una adecuación sostenible de la plantilla, y un modelo eficaz de gestión. Los últimos meses han demostrado que el modelo sostenible era posible; tal vez para el mismo 700 trabajadores fuese un poco justo, pero seguramente 100 trabajadores más, profesionales y adecuados a las necesidades reales, configurarían un modelo en el que se podría dar perfectamente el servicio público para el que se ha previsto en el Estatut de Autonomía la RTVV.

Empecemos con los números: El coste de readmisión de los despedidos habrá que cuantificarlo; este se calcula en base a los salarios de tramitación del periodo que han estado fuera de la empresa los trabajadores que retornen. A esta cantidad se le sumará la seguridad social, y se le restará la indemnización recibida que hay que retornar en la readmisión. De los 1000 trabajadores despedidos, supondremos que retornan voluntariamente 800, número bastante realista (se calcula que los restantes 200 no retornan por acogimiento voluntario al ere, jubilaciones y otras actividades). El retorno inmediato de esos 800 trabajadores no debería suponer un coste neto para RTVV, ya que el pago de salarios de tramitación, con sus gastos en seguridad social, sería compensado en gran medida, si no en su totalidad, por la devolución de las indemnizaciones. Como mucho, habría que pagar 11 meses de sueldo, cuando no 5 o 3. ¿Cuánto serian el coste neto total de la aplicación de la sentencia? ¿2, 3, 5 millones de euros?.

A partir de ese momento, se debería de dar una negociación REAL con los representantes de los trabajadores, para diseñar un modelo sostenible, en el que se diseñara claramente el modelo (tomar como referencia el de los últimos 6 meses), se redujera la plantilla a 800 trabajadores calculando claramente las necesidades reales por categorías y puestos de trabajo, se fijaran unos criterios completamente objetivos y consensuados por las partes para permanecer en la empresa, y se incentivaran las bajas (prejubilaciones, sobre indemnización de por ejemplo 30 días de indemnización, etc.). No es más que aplicar la racionalidad que se ha dado en otros “eres” necesarios y pactados. Junto a esto, se deberían de negociar condiciones flexibles de trabajo, disminución de sueldos de por ejemplo el 10% para no incrementar el presupuesto total de funcionamiento, etc. El periodo de negociación y de ejecución, con los antecedentes y la experiencia adquirida no debería de ser excesivo; lo cifraremos en 6 meses. 6 meses en los que se debería de retribuir a esas 700 personas de exceso de plantilla. 6 meses que supondrían un sobrecoste, en el peor de los casos, y con cifras infladas, de cómo mucho 12 millones de euros.

Por último, el gasto de la indemnización de los 700 trabajadores que deberían causar baja, junto a los costes de prejubilaciones y restantes. El montante podría rondar los 20 millones de euros.

Estas cifras darían un montante total, por la ejecución de la sentencia del TSJCV y el montaje de una nueva RTVV viable, de cómo máximo 35 millones de euros.

Es una cifra elevada, pero muy alejada de los 228 millones que calcula el Consell solamente por la ejecución de la sentencia hasta mayo del 2015. Cifra perfectamente asumible si se tiene voluntad política. Tómase como ejemplo solamente el hecho de que, el día siguiente de la declaración de cierre por parte del Consell, se adjudicaron 25 millones de euros para el aeropuerto sin aviones de Castellón. Y tendriamos una RTVV viabe, motor del sector audiovisual valenciano y que contribuyera a la potenciación de las fiestas y tradiciones de la Comunitat. Los beneficios económicos indirectos superarían, en mucho, el coste del mantenimiento de la radio y televisión públicas.


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